La lucha por la tierra en el año zamorano

Desalojaron 868 campesinos en Barinas. Sucedió de madrugada, sin aviso ni mesa de diálogo. Llegaron sin la orden, incendiaron los ranchos, destruyeron 1.100 hectáreas sembradas, golpearon, detuvieron, contaminaron los pozos de agua, se robaron maquinaria agrícola, animales. Lo cenizaron todo. Así dicen quienes estaban en esas tierras, tienen fotos, relatos, la experiencia en el cuerpo.

Funcionarios, Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército, contra campesinos. El cuento parece de otra época. Pasó la semana pasada en tres predios: Orticero, Las Mercedes, y Jovito. Ya había sucedido en diciembre y en enero. Los campesinos habían movilizado tres veces al Instituto Nacional de Tierras de Barinas –con toma incluida– para denunciar que la coordinadora tenía negocios en marcha con latifundistas y terratenientes. La misma que se presentó en los desalojos.

La situación los llevó a ir al INTI central el día viernes. La respuesta fue que desde ahí no se habían ordenado los desalojos. Sin embargo, estaban al tanto de la situación en Barinas: la movilización de 2016 se los había hecho saber. Cabe además preguntarse: ¿puede un coordinador estadal actuar de manera totalmente autónoma y ponerse al frente de tres desalojos de esas características? Según otras voces, sí habría existido una orden nacional. No queda claro, hasta el momento, quién fue el autor intelectual.

Los campesinos se reunieron el sábado por la noche para estructurar un plan de resistencia legal y político: desde realizar asambleas con el INTI nacional en los predios hasta prever movilizaciones de calle. Necesitan liberar a los presos –y que queden sin causas–, reingresar a las tierras, ser reintegrados por los daños: ¿quién se hará responsable del montón de ruinas que dejaron los operativos?, ¿quién les dará semillas, paredes, ropa, pozos, algo de todo el trabajo que habían puesto?, ¿quién les quitará las imágenes de los golpes, la impotencia, la impunidad?

Y necesitan hacer lo que hacían y el país necesita: producir la tierra y criar animales.

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Existe una situación similar en Yaracuy, en el macizo de Nirgua: 277 productores están bajo amenaza de desalojo. 8 de ellos tienen causas penales –cuando el expediente debería ir por Tribunal Agrario–, y tendrán que presentarse ante el Tribunal Penal este martes 14 de marzo. Quien impulsa la causa es el gobierno estadal, quien, alegando un decreto de defensa del medioambiente, insiste desde hace un año en sacarlos de las tierras donde producen. Lo hará por la fuerza si es necesario, así lo ha hecho saber.

Quienes trabajan esas tierras están dispuestos a adecuarse a las normas que pide el Estado, a reforestar, cuidar, encontrar una solución compartida. ¿Dialogar, buscar los mecanismos de la democracia participativa, no sería la forma chavista de resolver este problema? Los campesinos no están solos: juntos a ellos está la Comuna Minas de Buría y un entramado de solidaridad regional y nacional. Como de a poco sucede en el caso de Barinas. La solidaridad –comunicacional y organizativa– es central.

Ante la cerrazón al diálogo se han puesto a investigar qué intereses podrían existir. Los resultados a los cuales llegaron son que existe un negocio minero y arenero por desarrollarse. Ellos, produciendo comida y criando ganado en esas montañas, son una molestia para ese plan: es necesario desalojarlos. Todavía no resulta claro si sería para un negocio privado cuya ejecución garantizaría la gobernación, o uno que sería directamente manejado por la misma. Lo que es seguro es que está en juego mucho dinero. En este caso el INTI nacional, junto con el INTI Yaracuy, se reunieron en asamblea directamente en el macizo. Afirmaron públicamente que apoyarán a los campesinos.

¿Las instituciones del mismo gobierno pueden defender intereses diferentes?

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No son los únicos conflictos que emergieron en estos tres meses del año. También tuvo lugar el rescate de tierras de la Comuna Negro Miguel, que ingresó al Hato Tío Bravo, en manos de un exalcalde chavista. El lugar estaba en abandono, con ganado muerto, maquinarias del Estado paradas, una infraestructura productiva detenida en plena guerra económica. Pedían algo claro al ingresar: poner a producir el hato.

La primera reacción de la institución fue intentar desalojar a los comuneros. El apoyo recibido fue por parte de otras comunas que le dieron maquinarias y semillas.

Estos casos ponen sobre la mesa varias cuestiones. La primera es que, desde hace varios años –2012 dicen algunos dirigentes campesinos– la política de avance sobre el latifundio se ha detenido. El mismo había sido real: cerca de 4 millones de hectáreas recuperadas, entre rescatadas y regularizadas. Con un costo alto: más de 300 campesinos y campesinas asesinadas. Para cambiar las estructuras del país era necesario quitarle poder al poder concentrado. ¿Se podía en otros tiempos, pero hoy no? Es un análisis que podría hacerse: estaríamos en época de resistencia, de evitar un retroceso, no de intentar avanzar sobre el enemigo histórico. Quienes pretenden hacerlo –como la Comuna Negro Miguel– intentan ser frenados.

Dentro de ese cuadro de empate regresivo –las conquistas desmejoran– aparecen, esa es la posible hipótesis, señales del intento de restauración. Sectores que habían sido expropiados quieren recuperar lo perdido, creen que la hora de la revancha ya puede comenzar. Otros, con negocios por desarrollar, necesitan avanzar sobre el campesinado. Para eso cuentan con sectores cómplices, que son parte activa del negocio. Eso denunciaron durante un año los campesinos de Barinas. Ese pacto fue el que ordenó los desalojos violentos. Los campesinos advierten que habrán más: por los vacíos jurídicos, la falta de contundencia política y legal del Estado para resolver a favor de los campesinos, el momento político que se abre. La restauración ensaya, mide las reacciones, las tensiones que desata en las instituciones, las contradicciones que operan entre ellas y al interior de las mismas –el caso INTI, por ejemplo.

La hipótesis puede ser errónea: lo de Yaracuy y Barinas serían casos aislados y no un posible comienzo de tendencia. La reacción ante la toma de tierras de la Comuna Negro Miguel sería debido a la perdida de costumbre de la institución a relacionarse con la acción autónoma popular.

A favor de la hipótesis está el hecho de que un mapa exhaustivo de los conflictos campesinos de este año arroja otros casos más, como en Sur del Lago.

La respuesta se sabrá con el transcurso de los meses. Tendrá que ver con cómo se procesen las tensiones en el Estado, dentro de la dirección, con la correlación de fuerzas general, y el resultado concreto de cada uno de los casos. Una victoria de los campesinos y campesinas de Barinas y Yaracuy llevaría a mejores condiciones para resistir futuros intentos de desalojo, de restauración. Por eso resulta tan importante apoyar de manera activa. Y claro, también y, sobre todo, porque se trata de los derechos del campesinado, la construcción de un modelo de sociedad donde ninguna persona deba ver su casa, su esfuerzo, su vida, reducidos a cenizas.

Al escucharlos una cosa resulta clara: están decididos a no dejarse quitar lo suyo.

Es una tendencia desde 1989.

@Marco_Teruggi

Publicado en 15yúltimo