Más de 20 desalojos a campesinos en Barinas en 4 años: ¿quiénes dan la orden?

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Hace pocos días tuvo lugar el desalojo de tres predios campesinos en Barinas: Las Mercedes, El Orticero, Jobito. La noticia desató la solidaridad de muchos por dos razones principales: el método utilizado -que consistió en la intervención de madrugada con quema de ranchos, destrucción de siembras, y sin mostrar orden de desalojo- y porque se trató de un ataque a quienes producen alimentos en una situación de guerra.

La situación hoy día está en desarrollo. El presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), José Ávila, intervino la oficina regional del Instituto el martes 14, y se encuentra en el estado desde entonces. Señaló la existencia de mafias, negocios, corrupción interna, falsos registros. El objetivo, afirmó, es dar solución a los conflictos: recorrer las tierras, constatar la situación en cada uno de ellas, reunirse con las partes, detener los atropellos. El trabajo se hará sobre 49 predios, señalados como prioritarios dentro de los 2000 que se encuentran en situación de irregularidad jurídica que expone a los campesinos a posibles desalojos.

Resulta temprano saber qué sucederá. Lo que los campesinos piden es claro: cartas agrarias, única manera de detener legalmente la arremetida. El problema excede los tres predios de los días pasados. No solamente porque la lista de terrenos a ser desalojados en días pasados era mayor -se habla de entre tres y cuatro más- sino porque la cantidad de desalojos en Barinas no termina ahí: tuvieron lugar unos 20 en los últimos 4 años. Podrían ser más. Así indica Pedro Alvarado, vocero de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

Una matriz se repite en los diferentes casos: la autoría intelectual es difusa. ¿Quién da la orden? ¿El Inti local, nacional, el Tribunal Agrario, o la Secretaría de Seguridad Ciudadana? En los casos más recientes todavía no resulta claro. Se sabe que la coordinadora estadal del Inti encabezó el operativo en los tres predios, y contaba con el acompañamiento del coordinador de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, y el Ejército. ¿Pero, quién tiene el poder para desatar acciones de esta magnitud?

El Inti regional no parecería tener la autonomía para iniciar operaciones como estas sin el visto bueno de una autoridad más alta, como el Inti nacional o la Gobernación. Ávila afirma no haber sido. La Gobernación, la Secretaría de Seguridad, y el Tribunal Agrario todavía guardan silencio. ¿Estos dos últimos, al igual que el Inti regional, podrían ordenar desalojos y llevarlos adelante sin aprobación de más arriba? También parece poco probable: desalojar conlleva no solo una arquitectura jurídica sino sobre todo fuerza política. El debate se ha centrado públicamente en Ávila, que lleva 7 meses al frente del Instituto. ¿Él decide sobre el Inti regional, que ha tenido seis coordinadores en tres años? ¿Quién decide quién es coordinador? El problema excede un nombre. Hasta la fecha nadie se hace responsable.

¿Quiénes dan la orden?

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Los predios La Primavera y El Otoño tienen entre los dos una extensión de 1250 hectáreas. Están situados en las tierras altas a unos diez minutos de la ciudad de Barinas. Allí ingresaron 2500 familias, organizadas en 19 consejos campesinos y una asociación, en enero del 2015. Habían realizado las denuncias ante el Inti: se trata de terrenos baldíos 706 de la Nación, Gaceta Oficial 30602, de 1975. Los mismos habían sido ilegalmente cedidos -sin sustento jurídico- a la familia Febres, durante la gestión del gobernador Gehard Cartay, cuya esposa Marisela Febres era registradora civil del municipio.

Las tierras, por su ubicación, ya eran parte de un negocio inmobiliario, así detectaron los campesinos. Su objetivo al entrar era uno principal: producir alimentos en tiempos de guerra. Los pastizales, así lo muestran las fotos, eran de casi dos metros.

La respuesta del Estado no fue la esperada: en junio de ese mismo año fueron desalojados. Nuevamente se concentró el poder de fuego: Inti Barinas, Defensoría del Pueblo -que era dirigida por quien hoy coordina el Inti regional-, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército, Cicpc, Sebin, Conas. Cargaban dos buses Yutong para llevarse detenidos a los campesinos. Destruyeron 480 hectáreas sembradas. Nadie asumió la responsabilidad: no se sabe quiénes dieron la orden, si existió, no les pareció necesario mostrarla.

En febrero del 2016 los campesinos volvieron a ingresar a las tierras. Hoy siembran lo que antes era monte, producen comida que el país necesita, la venden en mercados campesinos a cielo abierto. La familia Febres ha imputado penalmente por 7 millones de bolívares a cada consejo campesino. ¿Los falsos titulares tienen poder para abrir causas en la justicia por esos terrenos? Así sucede.

Los campesinos piden una medida de protección agroalimentaria -para frenar en un primer momento los desalojos que pesan- la carta agraria, apoyo para la producción.

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El Hato Las Mercedes fue desalojado el 7 de marzo pasado. De las 12.900 hectáreas del predio, 7.700 habían sido declaradas para rescate por el Inti Barinas en el 2012. Los campesinos, 432 familias, ingresaron en diciembre del 2016 ante la inmovilidad de la institución. La tarde del 7 se produjo el operativo: se trató centralmente de la destrucción de la producción. Quemaron ranchos, ropa, robaron semillas, bombas de mano, bombas de fumigar, gallinas, pollitos, cochinos, ovejos, 510 hectáreas de arroz, 10 de maíz, 15 de auyama, 12 mil plántulas de cacao, 5 mil de pimentón, 7 mil de plátano. No ingresaron a todo el terreno rescatado. Se retiraron luego de siete horas dejando llamas tras de sí. “Las Mercedes ardió por más de tres días”, afirmó Luis Domingo Ochoa. Su cabeza tiene precio: una camioneta último modelo y 20 millones de bolívares. Se lo han hecho saber.

El lunes 13 volvieron a atacar. Esta vez con bombas lacrimógenas y perdigones. Sucedió en medio de la noche. La gente se escondió en el monte y en el río. Las fuerzas de seguridad habían recorrido la zona con el dueño del Hato, Ignacio Riera Sigala. Siempre sin orden, sin nadie que se haga públicamente responsable. Los campesinos piden lo mismo: carta y apoyo.

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No todo lo que brilla es oro. No todos los campesinos son campesinos. Algunos han hecho del intento de toma de tierras un negocio. Son ocupantes de oficio: revenden, pagan a otros para entrar a los terrenos, están en varios terrenos, ganan dinero en nombre de querer producir alimentos. Existen, y se trata de saber quiénes son, qué poder tienen en el rescate -en caso de que estén presentes- y sacarlos de los listados. Para eso existe, entre otras cosas, la inteligencia popular, los movimientos campesinos. Para eso también se desarrollan las asambleas en los predios: es necesario verificar cada dato de persona y de producción.

No hay que negar que existan estos oportunistas. Eso no cuestiona ni anula todo lo desarrollado hasta acá. ¿Su presencia, cuando tiene lugar, cambia en algo el hecho que se haya desalojado por la fuerza y sin orden, y que durante los últimos 4 años se hayan registrado cerca de 20 desalojos? En absoluto. Existe un peligro: el de acusar automáticamente a las víctimas, poniéndolas como sospechosas. Se debe investigar en profundidad.

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¿Cuántas veces tiene que darse un hecho para dejar de ser un caso aislado y transformarse en una tendencia? ¿20 es suficiente? Lo que está en debate en Barinas no es si existen oportunistas que intentan hacer negocio, o si fueron 500 hectáreas o 400 las destruidas. Es parte del asunto pero solo parte. Lo central es saber por qué desde hace 4 años se han multiplicado los desalojos a campesinos. Algo que ha sucedido a la par que se detuvo el avance legítimo y legal sobre los terratenientes dueños de tierras improductivas. Ese es el meollo, lo que parece ser una tendencia. Junto con eso, la pregunta: ¿quiénes dan las órdenes de desalojo? Se sabe quiénes no tienen la fuerza para hacerlo. ¿Quiénes sí pueden?

El punto central del análisis no es entonces Ávila. Si lo fuera, significaría que quitarlo del Inti resolvería el problema de los desalojos. Se sabe, lo importante es muchas veces lo que no se ve. La complejidad de la situación indica una trama más profunda, que antecede y excede una gestión. Se sabrá con las semanas si las palabras del director del Inti serán acompañadas de hechos, es decir de cartas agrarias y reparación de daños. Tendrá que ver con su voluntad, así como sobre todo con el entramado de poderes que ha venido dictando los desalojos, y de la correlación de fuerzas que logren construir los campesinos junto con los movimientos. Esto último es central: sin organización popular que maneje el abanico de herramientas de luchas, será difícil poner freno a esta avanzada. No se debe olvidar que la lista de predios a desalojar es mayor y solo está en suspenso por los momentos.

Finalmente cabe una última interrogante: ¿lo que ha venido pasando en Barinas es un caso aislado o también sucede en otros estados del país? Es necesario ahondar. Lo que está en juego es comprender cómo esto ocurre, en particular en el marco de una guerra donde el epicentro es justamente la comida. ¿Cómo analizar estas contradicciones, los actores en juego? ¿Qué táctica desarrollar ante ese escenario? Tal vez, como lo dijo un campesino, la cuestión se resume a un peo de clases, y no todos los que visten de rojo y están en puestos de poder defienden la misma clase. Eso, en este caso, es una evidencia.

@Marco_Teruggi

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